La nueva ley antifraude entró en vigor en octubre de 2021 con el objetivo de detectar y sancionar todas aquellas prácticas de elusión fiscal que se producen en España. La novedad que ha incorporado la nueva legislación pone el foco en los programas de gestión y las actividades que, hasta la fecha, han favorecido directa o indirectamente la economía sumergida.
A continuación, te contamos las principales medidas establecidas en esta ley antifraude.
Un mayor control sobre el software de gestión
Los autónomos y empresas suelen utilizar un software de gestión para elaborar sus facturas y presupuestos. Sin embargo, existen programas informáticos que permiten llevar una contabilidad paralela. Para combatirla, la nueva ley antifraude introducirá ciertos requisitos que se deben cumplir en este tipo de software de forma obligatoria para prevenir estas acciones.
Limitación de los pagos en metálico
Otra de las novedades es que se limitarán los pagos en efectivo a 1.000 euros entre particulares y empresas. En el caso de que la cuantía sea mayor, es fundamental que la liquidación se realice, por ejemplo, a través de una transferencia bancaria. El objetivo de este cambio en la ley es, al igual que el control del software de gestión, prevenir la economía sumergida y el fraude.
Obligatoriedad de declarar las criptomonedas
Esto es totalmente nuevo dentro de la ley antifraude y es que hasta ahora muchas personas no las incluían en la confección de la Renta. Sin embargo, esta situación ha cambiado y a partir de ahora siempre habrá que declarar este tipo de moneda virtual marcando la casilla 389 “Otras ganancias patrimoniales a integrar en la base imponible del ahorro”. Es importante tener esto en cuenta para evitar sanciones por parte de Hacienda.
Adiós a las hojas de cálculo
Utilizar un software de gestión puede suponer invertir dinero, sobre todo, ahora que este tipo de programas van a tener que ceñirse a las condiciones que establece la nueva ley antifraude. Por eso, muchos autónomos y empresas utilizaban hojas de cálculo. Sin embargo, esta herramienta queda ya obsoleta, por lo que seguir empleándola supondrá una sanción económica que puede alcanzar hasta los 50.000 euros.
Autorización judicial para inspecciones en domicilios
Hasta la entrada en vigor de la nueva ley antifraude, los profesionales que ejercían su actividad económica en el domicilio podían negar el acceso al inspector o inspectora. Pero esto ha cambiado. El artículo 8.6 de la Ley 29/1998 se modifica y dictamina que “cuando la Agencia Tributaria realice inspecciones podrá entrar en la vivienda sin que tenga que contar con el consentimiento expreso de su titular”.
Existen más cambios que se han introducido en la nueva ley antifraude, sin embargo, estos son los más importantes para combatir el fraude fiscal y la economía sumergida. A pesar de que las especificaciones técnicas de los programas informáticos todavía están pendientes, la utilización de los de doble uso está prohibida a partir de ahora. En cambio, sí podrá utilizarse cualquier otro tipo de software mientras se espera la implementación detallada que incluirán programas informáticos certificados.